Ya cansado de ser burlado por cualquier cantidad de empleados de CLARO, solicité por las vías de lugar la intervención del INDOTEL. Mi indignación en ese momento se convirtió en RISA: "La prestadora tendrá un plazo de veinte (20) días calendario para responder su reclamación".
No hay dudas de que el comportamiento oligopólico de las telefónicas en nuestro país cuenta con el respaldo de las instituciones gubernamentales, las mismas que deberían presionarles a dar un mejor servicio. Muy al contrario, se valida en un "reglamento" la desconsideración, el desinterés y la falta de compromiso de empresas multimillonarias que cobardemente nos roban el dinero a los clientes y nos tienen condenados a pagar a sobreprecio por servicios obsoletos.
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